- Por : Luciano Franco.
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF), puso al descubierto que de
2006 a 2012, Chiapas, el estado con el mayor rezago social y económico
del país, según el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social), se convirtió en la segunda entidad con
el endeudamiento más acelerado -sólo después de Coahuila-, con un débito
superior a los 20 mil millones de pesos.
De
acuerdo con el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, Chiapas
se endeudó a un ritmo vertiginoso, similar al de Coahuila –cuya deuda
rebasa los 33 mil millones de pesos-, solo que con un crecimiento
económico e índices de desarrollo claramente inferiores.
En
diciembre de 2006 Chiapas tenían una deuda de 881 millones de pesos, y
en el mismo mes, en 2012, ya era superior a los 20 mil millones, lo que
significa un promedio de 3 mil 324 millones cada año del pasado sexenio,
especifica la ASF.
La deuda chiapaneca, señalan éste órgano y el Coneval, no ha servido para mitigar la lacerante pobreza que enfrenta la entidad.
La
ASF detectó en la Cuenta Pública de 2010, en pleno periodo de
endeudamiento, un subejercicio de 213 millones 745 mil 600 pesos, con
posibles quebrantos por 52 millones 594 mil pesos.
Pieza
clave en todo este asunto es el hoy senador, Zoé Robledo, vinculado
directamente con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya
que el legislador avaló la deuda pública de Chiapas desde su encargo
como presidente del Congreso local.
Robledo
abandonó las filas del PRD, en busca de la protección de López Obrador,
en quien confía lo haga candidato de Morena al gobierno de Chiapas,
elección que se llevará a cabo en 2018.
Por
ejemplo, el 15 diciembre de 2011 Robledo avaló el último paquete de
deuda de Chiapas, que contrató con la banca de desarrollo, por 5 mil 469
millones de pesos, que se destinaron al financiamiento de
“inversiones”, sin especificaciones de fondo y con plazos de vencimiento
hasta por 20 años.
Los
diputados federales chiapanecos Alberto Palomeque, del PAN, y Jorge
Álvarez, del PVEM, exigieron a Robledo que asuma la responsabilidad que
le corresponde en la mega deuda de la entidad, que firmó como presidente
del Congreso, y como ente obligado, que era, de pedir cuentas a la
Contraloría estatal.
En
mayo de 2011, Robledo, desde el Congreso, operó para blindar el
sobreendeudamiento al impulsar la aprobación de una reforma a la
Constitución local, que impidió fiscalizar o investigar los gastos
ordenados por el gobernador Sabines.
La
modificación al artículo 26 establece:
“La aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad; de modo que si apareciera alguna anomalía, con motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”, es decir, un pasaporte de impunidad, condenaron.
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