Crímenes de odio, evidencia alarmante de descomposición social en Chiapas.
La intolerancia en su máxima expresión y los crimines de odio
lamentablemente siguen siendo una constante dentro de las páginas de los
principales diarios chiapanecos. Son situaciones vergonzosas que hacen
cada vez más evidente la descomposición social que enfrenta el estado y
el país entero, en una triste realidad donde los feminicidios y
asesinatos por homofobia ya son temas recurrentes.
A modo de protesta, este domingo, integrantes de la sociedad civil
realizaron la denominada “Marcha de las Putas”, donde ciudadanos
(principalmente mujeres e integrantes de la comunidad LGTTB) salieron a
las calles de la capital chiapaneca para exigir mayores garantías de
respeto y seguridad en torno a su condición.
Para estos sectores no resulta fortuita la necesidad de manifestarse,
si tomamos en cuenta las escandalosas cifras extraoficiales que
reportan la documentación de más de 52 mujeres asesinadas de manera
violenta y distintos casos de homosexuales agredidos y asesinados en lo
que va del año dentro de territorio chiapaneco.
Hace sólo un par de días, fue encontrado a orilla de una carretera en
Chiapa de Corzo el cuerpo de Francisco de Jesús Chávez Villanueva, de
28 años, quien presentaba golpes contundentes en la cabeza. Según las
primeras indagatorias policiacas, presuntamente fue perseguido, violado y
luego ultimado a pedradas por los agresores.
Durante los últimos años, los nombres de las personas asesinadas en
evidentes crímenes de odio han desfilado en los titulares de la “nota
roja” como si se tratara de algo habitual, de un hecho al que poco a
poco parecemos estarnos acostumbrado. Sin embargo, la situación exige
acciones de fondo que van más allá de la mera procuración de justicia.
La violencia y los asesinatos cometidos por razones de odio a
determinado sector responden patrones de origen social. Son muestra de
una descomposición ciudadana carente de valores universales como el
respeto a la vida del otro, en todos los sentidos posibles.
Por eso el problema no puede, ni debe atacarse desde las instancias
de procuración de justicia. Corresponde a las autoridades educativas,
así como las encargadas de las políticas para desarrollo integral de la
familia (DIF) y de desarrollo social (Sedesol) establecer estrategias
preventivas de largo plazo que vayan más allá de lo superficial y por
fin trabajen en la formación de ciudadanos menos dogmatizados y más
afines a la cultura del respeto.
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