El alto grado de impunidad y abuso con
el que se manejan algunos alcaldes en Chiapas tiene hoy otro claro
ejemplo en el municipio de Tecpatán, donde al menos 10 familias de
escasos recursos han sido despojadas de sus viviendas y predios para
cobrarles “a lo chino” préstamos mañosos contraídos con agiotistas
vinculados a autoridades locales.
El caso de Tecpatán es tal vez uno de
los tantos que suceden en México bajo el silencio, la ignorancia y el
miedo de las víctimas. Se trata del delito de usura donde la falta de
conocimiento sobre el marco legal hace que muchos terminen pagando
intereses exorbitantes como víctimas de una violación a la ley que
desconocen.
Es justamente lo que sucedió en dicho
municipio donde hace unos meses familias de bajos recursos contrajeron
préstamos de alrededor de cinco mil pesos con el abogado Guillermo
Flores Cerón, conocido por sus vínculos con el Gobierno Municipal de
Rodolfo Guzmán López.
De esta forma y tras retrasos en los
pagos, Guillermo Flores inició hace unas semanas una serie de actos de
extorsión y embargos contra las familias morosas, despojándolas de sus
viviendas y predios. Todo bajo la complicidad omisa de las autoridades
municipales, que pese a los desesperados llamados de auxilio, decidieron
quedarse inmóviles ante los desalojos violentos.
Hoy las familias despojadas reclaman en
las calles la intervención de las autoridades competentes para detener
dichas irregularidades que, incluso, reportan ya la presunta detención y
encarcelamiento de una mujer de la tercera con el nombre de María
Rebeca Gómez Vásquez.
Desconcertados ante tan abusivos actos,
las familias afectadas se han manifestado con bloqueos en importantes
calles y accesos sin que nadie los escuche. Con la casi burlona
respuesta del alcalde para invitarlos a juntar el dinero y “ayudarlos”
con una pequeña parte para recuperar sus propiedades.
Se le olvida tanto al abogado Guillermo
Flores Cerón como al alcalde Rodolfo Guzmán López que la usura está
tipificada como delito en el Código Penal para el Estado de Chiapas, por
lo que ambos están incurriendo y solapando un hecho ilegal que necesita
la urgente intervención de las autoridades judiciales.
El artículo 320 es claro: “comete el
delito de usura el que por medio de pactos orales o contratos de mutuo o
prendarios y que sin contar con los permisos correspondientes realice
préstamos de dinero, y obtenga para él o para un tercero, beneficios
económicos que estén en una notoria desproporción en relación a la
prestación del servicio”.
Aquí el llamado es a las autoridades
judiciales para acercarse y atender inmediatamente a las víctimas, e
iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar
responsabilidades y castigar a los verdaderos delincuentes de “cuello
blanco” que en Chiapas, como en otras partes de México, siguen abusando
de la necesidad e ignorancia de las personas.
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