La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que en las últimas horas el Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, dictó auto de formal prisión en contra de Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V., por los delitos Electoral, Fraude y Asociación Delictuosa.
De acuerdo a las investigaciones que encabezan las Fiscalías Electoral y Especializada en el Combate a la Corrupción, el imputado firmó el contrato de prestación de servicios informáticos que celebraron el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) y la empresa que representa.
El objetivo era realizar el programa para la implementación del voto electrónico de los chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula especial de Diputados en el proceso electoral local 2014-2015.
Lo anterior, por medio de sistemas computacionales que realizarían la recepción de solicitudes y registro de electores, integración de la lista nominal aprobada, la operación del voto electrónico y el cierre de la votación electrónica.
La dependencia detalló que en el marco de la integración de la averiguación previa 005/FE/2015, las pruebas permitieron detectar una serie de irregularidades en el proceso de elección.
Entre ellas, destaca que la empresa inscribió a electores chiapanecos en el listado nominal, sin que ellos lo hayan solicitado y sin que éstos radicaran en el extranjero, lo que se comprobó con el testimonio de diversos ciudadanos.
Estos hechos habrían permitido manipular los votos a favor del candidato a Diputado migrante Roberto Pardo Molina, toda vez que cuando los electores que se vieron agraviados y que viven en el estado de Chiapas quisieron votar en las casillas que les correspondían no lo pudieron hacer, debido a que no aparecían en la lista nominal local.
Además, se acreditó que dichos electores aparecían en la lista nominal de electores chiapanecos radicados en el extranjero, a pesar de no vivir fuera de México.
Las pruebas recabadas señalan que se cometió un delito electoral, dado que la empresa alteró documentos públicos electorales (listado nominal de electores chiapanecos radicados en el extranjero).
Así también, se configuró un fraude en contra del IEPC, por el engaño de que fue objeto en la manipulación del programa informativo creado por la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V.
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