Chiapas tiene los Índices de Desarrollo Humano más pobres y
alarmantes en el país, pero continúa siendo un apetitoso botín para
cinco grupos de exgobernadores, quienes se encuentran al acecho para
influir y capitalizar a su favor, las circunstancias políticas que van a
determinar el futuro de la entidad en el 2018. Estos exgobernadores
son: Pablo Salazar, Juan Sabines, Roberto Albores, Eduardo Robledo y
Jorge de la Vega, quienes aspiran al restablecimiento de los viejos
cacicazgos.
Pablo Salazar volvió a las andadas y continúa promoviendo en
Facebook, los cuestionables y dudosos “éxitos” de su gobierno, en la que
presume haber creado las bases de un nuevo Chiapas. Pero además en una
entrevista hizo declaraciones fuera de lugar, donde reprueba que
gobiernos paguen del erario las nóminas de equipos del futbol mexicano,
en la que su gobierno dispuso del avión oficial para ir a Guatemala y
ponerlo a disposición de un jugador que se incorporaba al equipo
Jaguares. Todo ello en plena crisis de los niños fallecidos en el
hospital de Comitán, omisión por la que a la fecha permanece bajo
proceso, en virtud de que el amparo en revisión que interpuso el
exgobernador le fue negado y en cualquier momento puede volver a ser
recluido en el Amate.
El papel de Juan Sabines hoy día resulta peligrosos y suicida, sobre
todo porque los servicios de inteligencia tienen detectadas llamadas
telefónicas de él, de Mauricio Perkins y de Nemesio Ponce, a dirigentes
del municipio de Oxchuc, que se encuentran en rebeldía en contra de las
autoridades municipales. Situación que ha generado un conflicto grave de
gobernabilidad, en la que el mal manejo político puede llegar a
ocasionar una masacre de lamentables consecuencias.
El proceder de Sabines y sus excolaboradores en la crisis de Oxchuc,
amerita que se reactiven las 25 órdenes de aprehensión en contra de
funcionarios sabinistas y representantes de empresas constructoras que
cobraron durante ese gobierno recursos por obras públicas, sin haberlas
realizado.
Roberto Albores Guillén, quien fue el beneficiario directo de la
masacre de Acteal, tiene puestos sus deseos en su hijo Roberto Albores
Gleason para llegar a la gubernatura, y en su ánimo por alcanzar
nuevamente el poder, no sufre ni se acongoja por los muertos y
enfrentamientos que se dan en las comunidades indígenas, pues ese grupo
sabe cómo sacar provecho de las situaciones de crisis y de la
intervención de grupos paramilitares.
El exgobernador Eduardo Robledo Santiago, quien fue sacrificado en
1995 por la intervención del Obispo Samuel Ruíz con Zedillo, sabe que
su cachorro Zoé Robledo, puede llegar a ocupar el cargo que él timorata y
pusilánimemente abandonó, e igualmente le apuesta a la crisis política
en la entidad.
Jorge de la Vega Domínguez, quien en el primer año de su gobierno
abandonó la gubernatura por ambiciones personales y es el responsable
directo de los interinatos que produjeron la crisis y la violencia
institucional en el campo chiapaneco, juega todas sus cartas con el
senador Luis Armando Melgar Bravo, hijo de uno de sus grandes amigos y
con quien mantiene una relación cariñosa, en donde existe un trato de
tío sin serlo. A los intereses de este grupo responde el actual
secretario de gobierno, que se ha destacado por su inacción política, en
la que todo parece que la falta de operación política para atender los
problemas sociales, es más bien parte de un plan maquinado para
profundizar la crisis de gobernabilidad y limitar los márgenes de
intervención del gobernante para influir en la sucesión.
Los intereses que están en juego en la sucesión del 2018, muestra que
la lucha será encarnizada y que nuevamente el proceso electoral puede
agarrar desmovilizada a la ciudadanía, y peor aún, sin candidato que
haga contrapeso a las perversidades políticas que se vienen gestando en
torno del grupo de los exgobernadores. Vía Diario Contra Poder
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