Por primera vez en décadas, no se publicó el decreto con los precios
del gas licuado de petróleo (LP) del país, y las 360 empresas que
distribuyen este combustible a siete de cada 10 hogares mexicanos tienen
libertad de fijar sus precios para competir en el mercado.
Por lo pronto, consideraron las principales asociaciones de gaseros
en el país, el precio mantendrá un nivel inercial similar al que se
observó al cierre del 2016: 11.5 pesos por kilogramo en promedio
nacional, aunque comenzará a elevarse en regiones como el sureste y
noreste del país, regiones que se encuentran más distantes del ducto
troncal que recorre el centro del país y de las terminales portuarias
que abastecen al Pacífico y al Golfo.
Con esta liberación, el Ejecutivo Federal pierde facultades para
determinar precios máximos, pero para evitar abusos por parte de
empresarios, la Comisión Federal de Competencia Económica aseguró que
llevará a cabo monitoreos de competencia efectiva y enviará
recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía para diseñar
esquemas de mercado o incluso multará a quienes incurran en prácticas
anticompetitivas.
Los permisionarios de gas LP ascienden a más de 4,682 tras la
obligación de que todos los participantes en cada una de las ocho
actividades en que quedó dividida esta industria obtuvieran un permiso
tras la aprobación de la reforma.
Las actividades que implican infraestructura de expendio de este
hidrocarburo son las que concentran el mayor número de permisos, con 23%
otorgados para la distribución y nada menos que 2,942, o 62% de los
permisos para plantas de expendio al público
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