Las ordenes de aprehensión giradas este miércoles como parte del
proceso judicial por el presunto fraude electoral cometido por los ex
consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
de Chiapas ha dejado más dudas que respuestas en torno a un caso cargado
de irregularidades, revanchas políticas, nepotismo y complicidades
evidentes.
No es gratuito que la mayor responsable de autorizar y firmar el convenio con la empresa seleccionada para organizar la votación
en el extranjero, así como todos los acuerdos respectivos, haya sido
extrañamente exonerada de toda acción penal. Lourdes Morales tenía la
facultad y obligación de avalar o negar todo contrato y/o acuerdo dentro
del IEPC, por lo que su responsabilidad jurídica es innegable.
El proceso judicial que se sigue contra los ex consejeros no es más que
una respuesta penal superficial a un asunto podrido de fondo. Los
actores intelectuales del fraude electoral más escandaloso de las
últimas décadas en Chiapas están más allá de simples de los funcionarios
ejecutores, son ellos los verdaderos responsables del cochinero en el
que resultaron los mayores beneficiados y para quienes simplemente la
justicia seguirá siendo una “ciega conveniente”. Facebook
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