En el marco del operativo “Antipandilla” realizado en la región Istmo
Costa de Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Policía Especializada y Municipal, lograron la
detención de integrantes de una presunta banda delictiva dedicada
al delito de robo a casa-habitación.
Con
estas acciones, la dependencia que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca,
garantiza más y mejores resultados en materia de seguridad, fortalecidos
con las acciones preventivas y la coordinación ciudadana mediante su
participación activa y responsable.
Tal
como lo ha instruído el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Jorge Luis Llaven Abarca, de mejorar los resultados en los operativos
para inhibir la comisión de hechos delictuosos, agentes estatales y
municipales recuperaron aparatos electrónicos presuntamente robados horas antes de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Plazuelas del municipio de Tonalá.
La
acción operativo derivo de una denuncia al número de emergencia 911, en
el que se reporto el hecho, logrando ubicar a las personas señaladas
sobre la avenida Galeana, al momento que traían consigo aparatos
electrónicos, mismos que al notar la presencia policial intentaron
abandonar los objetos y darse a la fuga.
En
el lugar, se aplicó control preventivo de detención Ectali “N” de 53
años de edad, Félix “N” de 19 años, Pablo “N” de 18, Josué “N” de 27
años y Martin “N” de 24 años de edad y se les aseguro un televisor de
23 Pulgadas, un DVD, una Pulidora, 3 teléfonos celulares y una
motocicleta marca Itálika de color azul sin placas de circulación, la
cual cuenta con reporte de robo.
Cabe
destacar que según información de denuncias, las personas al
parecer pertenecen presuntamente a la banda denominada “Los
Lucios” dedicada al robo a casa-habitación en la región Istmo de Costa;
amismo los aparatos electrónicos asegurados fueron reconocidos por el
propietario.
La
responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la
coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que
las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se
encuentren bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien
determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras
tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del
delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer
respondiente.
Lo
anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como
lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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