Personal de la SEDATU, acompañados por representantes de Chalchihuitán y Chenalhó, recorrerán la zona en conflicto para hacer las mediciones que permitan lograr acuerdos y resolver la controversia entre ambas comunidades.
En
reunión de trabajo con autoridades constitucionales y de los bienes comunales
de Chalchihuitán y Chenalhó, encabezada por el titular de la Unidad para la Atención
de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco Yañez
Centeno y el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dichas
autoridades reiteraron el compromiso de
dar cumplimiento al fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA), que ordenó
reponer el proceso de delimitación de 364 hectáreas que se encuentran en diferendo.
En
nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno
agradeció el interés y la disposición del Gobierno de la República,
particularmente de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
de coadyuvar en la solución definitiva de un añejo conflicto que durante muchos
años dividió a las familias de ambos municipios y que ahora abre la posibilidad
de reconciliar a estos dos pueblos hermanos.
En
este sentido, Francisco Yañez Centeno reconoció la disposición de ambas partes de
encauzar sus diferencias por la vía institucional, a fin de resolver el conflicto
social-agrario que persiste desde 1973, derivado de los trabajos de
reconocimiento y titulación de los bienes comunales de Chalchihuitán, que en su
momento realizó la extinta Secretaría de la Reforma Agraria.
Durante
esta reunión, el subprocurador General de la Procuraduría Agraria, Eduardo Alvizu
Rentería, resaltó la importancia de que en la definición de sus límites ambas comunidades
cumplan con lo que establece el fallo del Tribunal Unitario Agrario, a lo que
las autoridades de los bienes comunales de Chalchihuitán y Chenalhó acordaron
nombrar en Asamblea a sus representantes para acompañar los trabajos.
Por
su parte, el director general adjunto Técnico Operativo de la SEDATU, Isaías
García Robledo, reiteró el compromiso del Gobierno Federal con las autoridades
de Chalchihuitán y Chenalhó de trabajar con sentido de apremio para resolver el
conflicto.
Lo
anterior, señaló Yáñez Centeno, permitirá dar legalidad y sobre todo,
transparentar cada una de las actividades que se realicen para dar cumplimiento
al fallo del Tribunal Unitario Agrario, por lo que reconoció su disposición de mantener
un clima de paz y cordialidad para alcanzar acuerdos.
En
diversas intervenciones, las autoridades municipales y de los bienes comunales
de ambos municipios agradecieron el apoyo del Gobierno Federal y del Estado en
este proceso, y reiteraron la voluntad de seguir avanzando por la vía pacífica
para resolver sus diferencias, propiciando las condiciones necesarias para
iniciar los trabajos de delimitación.
A
esta reunión asistió el director general Jurídico de la Procuraduría Agraria, Ricardo
Cruz Rodríguez; la directora de Vinculación Legislativa de la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la SEGOB, Margarita Isabel
Rodríguez Malpica; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Antonio
Villanueva Escalera; la delegada del Registro Agrario Nacional, Zayna Andrea
Gil Vázquez; el subdelegado Jurídico de la Procuraduría Agraria, Sergio
Santacruz Lara; el jefe de departamento de Tecnología y Cartografía de SEDATU,
Marcos Vidal Betancourt y el subdelegado técnico del Registro Agrario Nacional,
Juan Vidal Avendaño.
Por
la comisión de Chalchihuitán asistió el presidente municipal, Martín Gómez
Pérez; el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Nicolás Pérez Girón;
el secretario ejecutivo del Consejo municipal de Seguridad Pública, Nicodemo
Aguilar Sánchez y el asesor jurídico, Héctor Martínez Castañón; por el
municipio de Chenalhó estuvo presente el síndico municipal, Lorenzo Pérez Gómez;
el
presidente de Bienes Comunales, Juan Ruíz Ruíz; el secretario de Bienes
Comunales, David Pérez Arias; el tesorero del Comisariado, Victorio Pérez
Santiz; el secretario y el tesorero del Consejo de Vigilancia, José Pérez Ruíz
y Antonio Pérez Ruíz, respectivamente.
Por el Gobierno del Estado, estuvo presente el subsecretario
de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Utrilla Robles y el coordinador de
Asesores, Manuel Pano Becerra, entre otros funcionarios.
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