A diario se tiene desagradables noticias de agresiones a mujeres en México. Tema que preocupa no sólo a las autoridades si no a la sociedad en general. Y es que el comportamiento humano pareciera irse transformando en contra de la mujer una y otra vez.
Campañas van, campañas vienen en pro de la lucha por reducir los índices delictivos en agravio de las mujeres. No es un tema fácil. No es un tema que esté en manos de las autoridades encargadas de la justicia, tenemos que ser claros. El feminicida vive, por lo regular, en comunión con su víctima o, en otros casos, es un delincuente de identidad diversa que bien puede estar bajo la figura de un vecino, un asaltante, un violador o, tristemente —y hay que reconocerlo— hasta en la familia.
La autoridad tiene como premisa, como obligación, como función legal, investigar los hechos hasta determinar si el delito alcanza la clasificación de feminicidio o tentativa del mismo para juzgarlo conforme a derecho y se obtenga un castigo para quien lo haya perpetrado.
La desinformación genera desconfianza en la sociedad porque, generalmente, va acompañada de imprecisiones, de datos falsos o inconsistentes para ser tomados por una autoridad competente, como ocurrió ayer con el abogado chiapaneco Jorge Sánchez, quien se ostenta como Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, quien durante la exhumación del cadáver de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez, (quien fue encontrada muerta en las instalaciones del Instituto del Deporte el pasado 20 de enero de 2020), dijo que en San Cristóbal de las Casas la Fiscalía de la Mujer no atendió a una mujer que presentó una denuncia por violencia física, pues, según, no le brindaron la atención porque no llevaba lesiones.
Son imprecisiones del abogado porque, en San Cristóbal de las Casas no hay Fiscalía de la Mujer; segundo, la persona a quien se refiere es la señora María del Rocío Rojas, quien lamentablemente fue agredida por su esposo Hugo Ubera Robles “de manera brutal”, señalaron los medios de comunicación en Santa Catarina, San Francisco Totimehuacan, Puebla, donde ocurrieron los hechos y, esto fue el 2 de febrero de 2019.
Desde luego, esto es un hecho deleznable porque las autoridades de Puebla desestimaron la agresión por falta de “heridas de consideración” y su caso pasó al archivo muerto junto con la declaración que le tomaron en el hospital donde fue a dar después de la golpiza recibida.
Es condenable que sigan dándose estos casos; es decir, donde una autoridad no establece un vínculo con la víctima de maltrato físico para iniciar una investigación sería, apegada a derecho y con perspectiva de género. Es condenable que haya en libertad agresores de mujeres, pero también es condenable tomar como bandera a una víctima para propalar o difundir información falsa, como el caso del abogado Jorge Sánchez quien, incluso, da por hecho que la señora María del Rocío Rojas, acudió a una oficina de la Fiscalía General del Estado en San Cristóbal cuando no es cierto por las causas antes descritas.
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