El relator sobre los derechos de los migrantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González,
quien también es vicepresidente de esta instancia, aseguró que “la
situación de la violación de los derechos humanos de los migrantes en
México no ha cambiado desde la presentación del informe 2008”.
Al presentar este día el informe Derechos Humanos de los Migrantes, en el contexto de la movilidad humana en México, destacó que hace falta voluntad política para atender el problema.
Subrayó que en el caso de las niñas, niños y
adolescentes la situación de extrema vulnerabilidad se agudiza ya que
enfrentan una serie de riesgos asociados a su edad y nivel de desarrollo
físico y mental. Son víctimas de abusos físicos y sexuales durante su
recorrido por el país. “A la CIDH le preocupa la respuesta del Estado
frente a la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados, a
los que frecuentemente se criminaliza a través de la detención
migratoria”.
González sostuvo que en México “la situación no ha
cambiado, persisten las violaciones sexuales contra niñas, niños y
adolescentes, los secuestros, las detenciones, las ejecuciones de
migrantes, muchas de esas violaciones son cometidas por policías,
criminales comunes y el crimen organizado”.
El relator dijo “en México se sigue deteniendo a los
migrantes aunque ya no se les criminaliza se les mantiene en reclusión y
sus derechos humanos son disminuidos porque no han cometido delito y no
tienen acceso a la defensa ni a la justicia”.
Felipe González, vicepresidente de la CIDH y relator
para migración, insistió que se requiere que haya voluntad política para
atender el problema de la migración.
Destacó que en México la regla más que excepción es la detención de los migrantes, y es necesario que se revise esta situación.
El relator de la CIDH manifestó que para cambiar la
situación se requiere por parte del Estado que haya control sobre los
centros de detención migratoria, sobre las corporaciones policiacas,
sobre los agentes del Instituto Nacional de Migración y sobre
funcionarios públicos.
En el informe se subraya que aunque el gobierno
mexicano ha hecho avances en materia legislativa, en modificar la ley de
migración, la respuesta “es claramente insuficiente para prevenir,
proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones a los
derechos humanos de los migrantes”.
Se destaca en el documento presentado hoy que el
incremento de la violencia criminal durante los últimos años en México
ha tenido un impacto especial sobre las personas en situación de
vulnerabilidad y son victimizadas.
Esta situación, se dijo, requiere que el Estado
adopte todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la
seguridad de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción,
entre las cuales se encuentran los migrantes.
El informe da cuenta también sobre abusos y crímenes
cometidos durante los últimos años en México contra los migrantes por
parte de criminales comunes y el crimen organizado.
González manifestó su preocupación porque las
investigaciones judiciales se han dirigido preferentemente a los delitos
relativos al tráfico ilícito de migrantes y no al problema más amplio y
grave como es la violencia y la discriminación contra migrantes.
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