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En Chiapas el acceso a la Procuración de Justicia de la población migrante es una realidad

Al refrendar el compromiso en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante este 2016 se logró la desarticulación de 11 bandas delictivas dedicadas al asalto, extorsión, violación, trata de personas y secuestro exprés en agravio de este sector de la población.
 
La Procuraduría de Chiapas que encabeza Raciel López Salazar informó que durante este periodo se cumplimentaron 48 órdenes de aprehensión y se obtuvieron 51 sentencias condenatorias por diversos delitos.
 
El pasado mes de noviembre se dictó la primera sentencia condenatoria por el delito de Violación equiparada, en el marco del nuevo Sistema de Justicia Adversarial, siendo condenado el imputado a ocho años de prisión.
 
En materia de prevención, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes encabezó 648 recorridos de inspección y vigilancia en las principales zonas de afluencia de migrantes, lo que permitió el rescate de 174 personas que eran trasladadas en condiciones de hacinamiento, lo que ponía en peligro su vida.
 
Asimismo, se logró la detención de 14 presuntos traficantes de personas.
 
Derivado de las acciones operativas, este año se redujo en un 95 por ciento la incidencia delictiva en la zona conocida como “La Arrocera”, en el municipio de Huixtla.
 
Por otra parte, la Fiscalía de Migrantes realizó 54 pláticas y cursos de capacitación acerca de los derechos de los migrantes, en los que participaron elementos de las corporaciones policiacas del estado y de la zona fronteriza.
 
Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional que la Procuraduría mantiene con instancias diplomáticas e internacionales, durante el 2016 se recibieron las visitas de los embajadores de Canadá, Pierce Alarie, y de Ecuador, Leonardo Arizaga Shemegel.
 
Asimismo, se realizó una visita de trabajo con los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de Guatemala y Fiscales Especializados y de Distrito de Chiapas para coordinar acciones de colaboración en la prevención y combate a los delitos en los municipios fronterizos.
 
De esta forma, en Chiapas el acceso a la Procuración de Justicia de la población migrante es una realidad, al encontrarse reconocido como un derecho fundamental en la Constitución Política local.

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