La migración de niños y niñas hacia los Estados Unidos,
principalmente provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, devela
el drama social y estatal de los países de esa región y la negación del
país del Norte a acogerlos. Por tanto, podemos decir que ni los Estados
de origen, ni el Estado de destino los desean. No existe, teniendo en
cuenta esta situación, un territorio estatal que busque la realización
de sus derechos.
Los niños migrantes –aunque regresen deportados a
sus países- se han transformado en parias sociales, en out siders de
sociedades que solo les ofrecen un “menú” de posibilidades lacerantes:
la pobreza, la desigualdad, la participación en actividades ilícitas o
la partida hacia el Norte. Entre otras posibilidades cabe indicar que
esos niños y niñas se transforman en una promesa y posibilidad para sus
familiares que quedan en los Estados de origen. El niño o niña puede ser
el salvoconducto para el envió futuro de remesas, el ejemplo social de
que alguien de la familia “pudo salvarse”. O tan solo, puede ser la
demostración de que pudo sortear la violencia social y pandillera que
obliga a los ciudadanos a migraciones internas. Por lo tanto, su
deportación es percibida como un fracaso para todos aquellos familiares
que colaboraron en su partida.
II
Nos preguntamos: ¿Quién o quiénes han transformado a
este grupo humano en parias sociales? En principio, las rutinas y
prácticas estatales y gubernamentales. Es decir, son el resultado de un
conjunto de acuerdos que las élites políticas y económicas
centroamericanas establecieron con otras de países centrales hace
décadas y que se sostiene en la afirmación del libre mercado, la
desregulación estatal y la lógica securitista. Por tanto, los
“creadores” de ese contexto de desigualdad y pauperización que instituye
a los parias sociales –ahora- deciden desterrarlos o no aceptarlos en
el espacio de sus fronteras. De esta manera, los niños y niñas
centroamericanos se encuentran ante un drama humano de proporciones.
III
Existe un destierro obligado para escapar de las
penurias sociales y de la violencia pandillera –también, ejercida
mayoritariamente por otros jóvenes-. Un exilio económico que afirma la
situación de vulnerabilidad de estos pequeños migrantes. Pero la
decisión de los Estados Unidos de sellar sus fronteras a esta situación,
solo empuja a la producción de una situación trágica: migración
económica y deportación masiva. Un circulo que ejercido al modo de un
“escarmiento” para los países de origen afecta la condición de lo humano
de esos niños y niñas.
Las comunidades estatales centroamericanas –con
diversas intensidades- se encuentran, o bien en un proceso de disolución
o de lentísima recuperación de sus instituciones o políticas
integradoras. El freno o reducción de la pobreza –en algunos países- no
ha obstaculizado el incremento de la desigualdad y de la desprotección
social de niñas y niños, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Guatemala
es el país que menos invierte en la niñez, tan solo destina el 3.1% de
su PBI. Mientras que Honduras, Costa Rica y Nicaragua invierten más del
6%. Pero pese a estas asimetrías, podemos indicar que los estados
centroamericanos –como rasgo común- no protegen a sus niñas y niños y,
por si fuera poco, los someten a una “desintegración social de alta
intensidad”.
Entonces, ¿cómo debería denominarse la condición
jurídica de aquellos que escapan de sus países para no morir de pobreza o
de inseguridad? Estamos ante una nueva situación. ¿Estos niños deberán
ser considerados “refugiados sociales”?
IV
La expulsión de niños y niñas –como parte de un
flujo constante de de hombres y mujeres- está promovida por las escasas
políticas de integración, la violencia social y una percepción empírica
de que las instituciones estatales no pueden garantizar un bienestar
futuro. Los estados guatemalteco, salvadoreño y hondureño no logran
reconstruir una promesa de bienestar para niños y niñas. Es decir, la
migración de niñas y niños es la mejor expresión que toda imaginación de
un futuro mejor esta disuelta y en profunda crisis. Este nuevo sujeto
migrante constituye una patente realidad política: son aquellos que
fueron soslayados de las prioridades políticas.
V
La deportación y regreso a sus países de orígen
solo puede amplificar la desigualdad y pobreza intrafamiliar, como la de
niños y niñas (las cuales, se encuentran fuera del régimen escolar y
sanitario). Es decir, es posible que se produzca una revictimización de
estos sujetos migrantes, provocando nuevos daños. A su vez, esto coloca a
los Estados ante la necesidad de repensar sus políticas para niñas y
niños, fundamentalmente, si desean garantizarles sus derechos y que no
culminen en manos de las pandillas, del trabajo esclavo, del abuso
laboral, como de las “garras” de polleros y coyotes. Los estados
centroamericanos tendrán que decidir si integran a estos grupos o si los
reafirman en su condición de parias sociales o de out siders. Si este
último es el camino propuesto por la dirigencia política, posiblemente
observemos en el futuro mayores tragedias sociales.
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