El Senador de Chiapas mostró su
preocupación de que en los cuatro dictámenes de leyes secundarias
aprobados, no existe un compromiso social explícito.
En agosto del año del 2013, los
senadores del PRD respaldaron una propuesta de Reforma Energética
elaborada por el ingeniero Lázaro Cárdenas y un amplio grupo de
especialistas.
Reconocieron, entonces, la indiscutible
importancia de hacer un cambio profundo en el sector energético del
país. Un cambio en el que Petróleos Mexicanos mantuviera la conducción
central y dirección estratégica de la industria petrolera garantizando
la seguridad energética de las próximas generaciones de manera
suficiente, continua, económica, diversificada y de alta calidad.
Para el Senador de Chiapas, Zoé Robledo,
la importancia de la Reforma Energética radicaba en la posibilidad de
construir una nueva concepción del Estado para superar y trascender
aquellos rezagos institucionales del pasado. Ni los tiempos legislativos
de una Cámara ni los cálculos políticos de un gobierno deberían tener
prioridad sobre una política de Estado.
No obstante, en los cuatro dictámenes de
leyes secundarias no existe un compromiso social explícito, ni
instrumentos legislativos que traduzcan los beneficios de la renta
petrolera en inversión social, salud, educación, combate a la pobreza o
abatimiento de indicadores de rezago.
“El error de quienes aprobaron la
reforma en estos términos es que concluyen que ‘ingresos
gubernamentales’ es sinónimo de ‘beneficios sociales’. Una mayor
disposición de recursos no significa un subsecuente gasto focalizado
eficiente como política redistributiva. Resulta en un salto lógico
equivocado asegurar dicho comportamiento dada la opacidad institucional
con la que se han manejado históricamente los recursos provenientes de
los hidrocarburos.”
El legislador chiapaneco no dejó de
mostrar su preocupación al asegurar que históricamente la apertura no ha
servido a las mayorías en México, sino sólo a un muy pequeño sector,
generando monopolios privados y los niveles de riqueza más altos del
mundo.
“No hay objetivos sociales claros,
resulta inviable las estimaciones de resultados que quienes defienden la
reforma predicen llegar a tener y no existen tampoco mecanismos de
verificación y control que empoderen al Estado para hacerle frente a las
empresas extranjeras y someterlas a un régimen jurídico que las haga
competir en igualdad de condiciones con los productores mexicanos.”
Robledo concluyó que es poco probable
que este proyecto pueda subsanar sus vicios de origen, alcanzando los
resultados dorados que promete tener.
“El problema es que cuando les digamos
‘¡se los dijimos!’, puede que ya sea demasiado tarde. Sin duda: No hay
peor reforma que la que se hace mal.”
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