Que
no se asuma como primera instancia la mala intención, es la consigna del
movimiento “Yo Soy #17”, integrado por médicos y que pone en el centro del
debate los límites de la responsabilidad médico-paciente.
Surgió
en Guadalajara, Jalisco, donde se giró una orden de aprehensión contra 16
médicos que hace cuatro años reanimaron e intubaron a un joven de 15 años de
edad, que murió días después por diversas complicaciones.
Luego
de conocerse el resultado de las investigaciones, la protesta de batas blancas
se extendió a otros centros hospitalarios.
Con
el lema “No somos dioses ni criminales”, los trabajadores de la salud hicieron
pública su inconformidad; en Chiapas, 200 médicos se sumaron a esta protesta
pacífica que está en contra de la criminalización de la práctica, explicó uno
de sus integrantes, Natán Enriquez.
“Nuestro
principio es, antes que cualquier cosa, no hacer daño”, precisó. En el caso de
Jalisco, los médicos revivieron al joven, y tras intubarlo ingresó a cuidados
intensivos, donde se le colocó un tubo en la garganta para que pudiera
respirar.
Sin
embargo, debían administrarle diversos medicamentos que llegaran directo al
corazón, por lo que se le practicó un cateterismo, luego de lo cual surgieron
complicaciones, ya que no contaban con que tenía tuberculosis intestinal.
En
este sentido, Enriquez opinó que calificar todo como “negligencia médica”, es
un error común que suele ventilarse en los medios de comunicación; sin embargo,
cuando la práctica médica se cuestiona sólo desde un punto de vista suele
causar más daño que beneficio.
“Para
tener el juicio justo ante una cuestión, deberá tenerse toda la información y
formación para emitir opiniones.”
Además,
no debe perderse de vista que toda cirugía y procedimiento de esta naturaleza
implica un riesgo, ante lo cual existe el consentimiento informado, documento
que, en su opinión ha sido subutilizado y devaluado.
“Podría
ser la pesa que incline la balanza si los médicos hacemos buen uso de él, y si
los pacientes respetaran y dieran valor a este documento.”
En
su experiencia, se firma como un trámite más, normalmente con personal
administrativo o de enfermería, sin tomar en cuenta que debería ser el convenio
legal que concluye la aceptación de los beneficios y riesgos de una
intervención médica.
En
Chiapas, #Yo Soy 17 participará en los foros ciudadanos donde exista interés
por conocer esta relación cotidiana con los profesionales de la salud, y las
características del ejercicio de la profesión, sobre todo, en un contexto donde
suele haber carencia de medicamentos, materiales y unidades con las características
necesarias.
ABOGADOS ZOPILOTEAN EN HOSPITALES
Ante la facilidad de los usuarios de los servicios médicos
de denunciar penalmente a los trabajadores de la salud por supuesta negligencia
o acto médico, se ha detectado casos de
que en las salidas de los hospitales se instalan abogados en busca de clientes
que quieran demandar.
Esa situación, denunció el médico gastroenterólogo Martín
Rogelio Macías Ruiz, coloca a los
doctores en la indefensión, pues se han convertido en un negocio redondo
para quienes se dedican a la abogacía
Le sacan dinero al médico a causa de una indemnización y se
quedan con un gran porcentaje por la comisión que les piden a los familiares a
quienes les llevan el caso, señaló.
"Afuera de los hospitales o clínicas cuestionan a los
familiares qué tipo de atención han recibido su paciente, regalan tarjetas de
presentación ofreciendo sus servicios para demandar a los médicos",
recriminó el integrante de la Asociación Mexicana de Cirugía General.
Cuestionó el papel de las comisiones Nacional y Estatal de
Arbitraje Médico, instancias que han sido rebasadas por los casos que se llevan
por la vía penal, prácticamente sus funciones han quedado relegadas como meros
árbitros y sin voz ejecutoria.
“Como estamos ahorita, sometidos en lo penal, nos vemos
sujetos a una sanción de un juez o un abogado quien no sabe de medicina. Por
eso pedimos que sea la Comisión Federal de Arbitraje Médico y las Comisiones
Estatales la únicas encargadas de dirimir un conflicto entre el pacientes, los
familiares y el médico", mencionó.
La comunidad de trabajadores de la salud, a través del
movimiento soy médico # 17 en el
territorio mexicano, busca ante el poder legislativo desechar del código penal
el acto médico.
Macías Ruiz, médico especialista en cirugía general y
gastroenterología, advirtió que al condenar por la vía penal a los médicos por
supuesto acto médico se cometen
injusticias, porque muchos casos están fuera del alcance de la profesión
por las condiciones de gravedad en que llega el paciente.
Parte de la responsabilidad de las muchas inconsistencias que se presentan en la
atención de los pacientes, dijo, la tienen las autoridades estatales y
federales de salud ante la falta de insumos e infraestructura que es muy común
en los hospitales y clínicas públicas del estado.
“Nos echan la culpa a nosotros de la irresponsabilidad de
las autoridades, porque cuantas veces nos hemos quejado y poniendo el dedo en
la llaga de que no tenemos insumos; que se difieren cirugías porque no hay ni
compresas, porquen no hay gasas, no hay jeringas, no hay tubos de ensayos para
tomar muestras de sangres y poder analizarlos en los laboratorios, así está el
sector salud”, recriminó.
Mientras no exista una verdadera política en materia de
salud, seguirán presentándose casos lamentables, en el que el último culpable
es el paciente y en muchos de esos casos lamentablemente se pasa a traer al
médico quien hace todo el esfuerzo por ejercer su profesión con calidad.
ARBITRAJE RECIBE POCAS DENUNCIAS
Es bajo el número de quejas que recibe la Comisión de
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado: alrededor de seis personas acuden a
esta instancia cada mes para señalar el desempeño profesional de médicos,
enfermeras e, incluso, camilleros, del sector público y privado.
Francisco Gerardo Coutiño Culebro, titular de esta
dependencia, dijo que, en promedio, dos veces al mes la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) le solicita elaborar y emitir un dictamen, para dar
respuesta a denuncias por supuestas negligencias médicas.
En este caso, la Comisión pide a la Federación de Médicos la
colaboración de especialistas para que, basados en bibliografía científica y en
el expediente de la PGJE, informen si el personal médico denunciado realizó una
buena o mala práctica.
"Los especialistas tienen ocho días para estudiar el
expediente y emitir una opinión técnica que documentan con información
científica: no aceptamos nada de Internet".
El comisionado estatal destacó que la mayoría de las quejas
son en contra del sector público, y se relacionan con el tiempo en que asignan
las citas médicas y con la insuficiencia de medicamentos.
La Comisión no es una instancia procuradora ni impartidora
de Justicia, aclaró Coutiño; en todos los casos busca que las partes lleguen a
un acuerdo armonioso.
Coutiño consideró importante que tanto los pacientes como
los médicos tengan claros sus derechos, para evitar conflictos.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas.
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