Con la iniciativa presentada por el
Senador de Chiapas los institutos políticos estarían impedidos a
participar por el mismo cargo en el siguiente proceso electoral.
Durante la sesión ordinaria de este
martes, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, propuso modificar la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de que
la revisión de los candidatos sea mucho más puntual, seria y rigurosa.
Dicha iniciativa propone que los
partidos políticos que hayan postulado a un representante popular que,
en el ejercicio de sus funciones, fue sentenciado por algún delito, se
les impida competir por el mismo cargo en el siguiente proceso
electoral.
“¿De qué se trata esto? Para ponerlo en
términos prácticos: el Partido de la Revolución Democrática, mi partido,
con una disposición como ésta, no podría participar en las próximas
elecciones de Iguala. O el PAN no podría participar en la próxima
elección de Gobernador de Aguascalientes o en la próxima elección de
Presidente Municipal de Tapachula. Y el PRI no podría participar en la
próxima elección de Gobernador de Tabasco.”
Explicó que ante la disyuntiva entre
lograr una representatividad real y la insolvencia de los partidos
políticos, la propuesta busca asegurar que las personas que postulan a
cargos de representación popular “están limpias, que no tienen nexos con
la delincuencia ni se benefician de ella”.
En la exposición de motivos, el
legislador chiapaneco aseguró que los hechos de Ayotzinapa son una
expresión más de la crisis social que vive el país y que los actos
cometidos contra estudiantes campesinos no se pueden entender de forma
aislada.
“Si esto sigue sucediendo es porque los
gobiernos respectivos no han logrado aminorar, frenar ni revertir esas
situaciones, pues nadie es más responsable por estos hechos que el
gobierno en sus tres niveles.”
Sostuvo que la función pública debe
desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a
los representados; por ello es necesario que los partidos políticos
tengan una responsabilidad subsidiaria con todos los servidores públicos
que emanen de sus filas.
En la iniciativa que se turnó a las
comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera,
Zoé también propuso establecer protocolos de control de confianza como
prerrequisito para el registro de candidatos para el próximo proceso
electoral.
“La insolvencia de los partidos en la
selección de los candidatos es un problema que atañe a todos y con estas
sanciones está, quizá, la posibilidad de pensar en una verdadera
transición democrática, que no se agote en la alternancia partidista.
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