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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pleno respeto y protección de los derechos universales que tienen las niñas, niños y adolescentes en la entidad está plasmado
en el nuevo marco constitucional que antepone el interés superior de la niñez y el respaldo de las instituciones del estado
para su cumplimiento, dio a conocer la Secretaría General de Gobierno.
Al respecto, detalló
que la nueva ley en la materia es coincidente
con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos de la Infancia, ya que se
privilegia en todo momento cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su derecho a la vida, a la supervivencia y
desarrollo y el respeto a sus decisiones.
La nueva Ley establece la concurrencia y
coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y los
122 ayuntamientos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en favor de la niñez, además de sentar las bases generales para la
participación de los sectores social y privado, así como de
niñas, niños y adolescentes en la materia.
Ejemplo de ello es que a partir de la aprobación de la presente Ley se contempla la creación de un Sistema Estatal de Protección Integral, una Procuraduría de ámbito estatal y una municipal, así como
programas institucionales para el ejercicio, respeto, promoción y protección de sus derechos.
Para el Gobierno del Estado la familia es lo más importante, pues representa la base de los
valores, del trabajo y de sus aspiraciones, por ello, una de las prioridades es
impulsar el desarrollo humano y social de las y los chiapanecos, con lo cual se
combata frontalmente la pobreza extrema, marginación y desigualdad social, de ahí que la
nueva Ley promueva estos preceptos.
Cabe destacar que la convención sobre los Derechos del Niño (CND) adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas
las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es
obligatorio para todos los países que le han firmado, incluido México, que la ratificó
en septiembre de 1990.
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