El día de hoy, 30 de mayo de 2018, el Gobierno de México
tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación internacionales,
desde Ginebra, Suiza, que en la oficina en México del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos se había elaborado un informe que
señala, según testimonios, la posible desaparición de 21 hombres y 2
mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, del mes de febrero al 16 de
mayo del 2018, y por la cual según esos dichos habrían sido privados de
la libertad por miembros de una fuerza de seguridad federal (que no se
especifica en el comunicado), sin que al día de hoy se conozca su
paradero.
El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid
bin Ra´ad Al Hussein, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para
implementar medidas urgentes al respecto en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En tal virtud, el Gobierno de México informa:
1.
Que sin tener conocimiento oficial del informe aludido, de
inmediato la Cancillería mexicana solicitó una reunión urgente con
representantes de esa oficina de Naciones Unidas para conocer con
exactitud el contenido del mencionado informe.
2.
Cualquier información sea oficial o no que emiten organismos
internacionales que tiene que ver con nuestro país, se les valora con
absoluta seriedad y respeto, tomando medidas inmediatas al respecto, sin
prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el
organismo internacional.
3.
Por su parte, la Procuraduría General de la República ha
informado que desde hace una semana, al tener conocimiento verbal por
parte de la oficina del Alto Comisionado de la ONU de estos hechos a la
Delegación de esa institución en Tamaulipas, abrió de inmediato una
Carpeta de Investigación que permita bajo el marco legal de nuestro país
conocer, investigar y, si es el caso, proceder jurídicamente contra
quienes hubiesen podido cometer delitos, en particular privaciones
ilegales de la libertad sobre persona alguna.
4.
El Gobierno Mexicano señala que la probable comisión de delitos o
la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse
al margen de la Ley y menos aún, cometiendo en sí misma actos
criminales. El Estado legitima su actuación porque emana de lo que la
Constitución General de la República le obliga y permite hacer,
reiterando que esta convicción se hace sin prejuzgar sobre las
identidades de los autores materiales de los delitos señalados en el
informe.
5. En esa
condición es que se ha tenido conocimiento del informe que se ha
rendido a medios de comunicación el día de hoy y se procederá, al margen
de conocer su contenido oficialmente, ante la posible constitución de
hechos delictivos.
6.
Del mismo modo, por parte de la Secretaría de Gobernación, se
trasladará a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, el
Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y
personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Institución para
que, platique con familiares y personas que puedan aportar elementos
para conocer la veracidad de esta información, dar protección y
seguridad si así lo requieren los testigos, y poder ayudar, en su caso,
de manera pronta a las investigaciones que realiza la Procuraduría
General de la República.
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