Por Ezequiel Gómez.
La Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso del Estado, respalda las acciones que emprende el gabinete de seguridad, para garantizar el libre tránsito en las carreteras de Chiapas, luego de que el miércoles fueran desalojados de la caseta Malpasito un grupo de manifestantes del MOCRI que bloqueaban el tránsito.
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Chiapas, Mariano Díaz Ochoa, sostuvo que en la legislación estatal prohíbe los bloqueos y boteos, que perjudican el libre tránsito a los usuarios de las vías de comunicación por lo que se debe poner mayor atención.
“El gobierno del Estado, Federal y Municipal, tienen que trabajar fuertemente para evitar sobre todo los bloqueos y poner mayor atención a los bloqueos carreteros que tanto afectan y dañan al turismo; eso es lo que necesitamos, y es lo que deseamos y anhelamos todos los chiapanecos, que se pongan un alto a estas acciones”
El 17 de diciembre de 2015, el Pleno de la LXVI Legislatura modificó el artículo 375 del código penal del Estado para castigar con cárcel a los grupos que, bajo el pretexto de una protesta pública, bloqueen vías de comunicación y exijan dinero a los ciudadanos.
Sin embargo, al no aplicarse las acciones de desalojo como lo marca la ley los grupos de manifestantes que comenten estas acciones en las principales vías de comunicación en el Estado actúan de manera impugne sin recibir castigo alguno.
Hay que recordar que La reforma del 2015 al Código Penal del Estado tipifica como delito grave el cobro de peaje en los bloqueos de carreteras y vialidades.
El diputado local, pidió a las autoridades de procuración de justicia aplicar la ley sin titubeos en el caso de los detenidos en el operativo de desalojo de la caseta de cobro de Malpasito en el tramo las Choapas Ocozocoautla el pasado miércoles.
Ya que desde la aprobación de la reforma, ninguna organización ha sido castigada por incurrir en este delito, a pesar de que con el cobro de peaje y el bloqueo de vialidades violentan el derecho de los ciudadanos al libre tránsito; y ejercen violencia o hacen uso de amenazas y actos de intimidación para obtener el dinero.
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