En el marco de la reciente visita a Chiapas
del jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, se dio el
banderazo de inicio de operaciones a las acciones de fiscalización en materia
de Comercio Exterior, ante la presencia de autoridades hacendarias y el
personal que estará a cargo de dar seguimiento a este proyecto en la entidad.
Lo anterior, derivado de la
incorporación del Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas,
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 10 de diciembre de 2013.
Núñez Sánchez destacó la importancia
de las acciones que emprenderán en materia de Comercio Exterior, sobre todo por
las características fronterizas del estado, ya que es una de las puertas de
entrada de mercancías a México.
Con ello, Chiapas asume participar
en el fortalecimiento a la economía formal y en el combate a la introducción
ilegal de mercancías y vehículos al territorio nacional, así como colaborar en
la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras
derivadas de la introducción al territorio nacional de las mercancías y
vehículos de procedencia extranjera y de su legal almacenaje.
Dentro de los beneficios que Chiapas
percibirá se expone que serán el 100 por ciento de los créditos fiscales
determinados, el freno del flujo de entrada a territorio nacional de artículos
piratas, mejores y mayores condiciones para competencia leal de comercio
establecido o formal, la captación de mayores ingresos tributarios para el
erario estatal, disminución de actos elusivos y evasión fiscal, así como más fuentes
de empleo.
Dichas acciones de fiscalización
representarán un ingreso estimado de 68 millones 467 mil 701 pesos para el
estado.
De esta manera, se logrará el
crecimiento a la economía formal para un desarrollo económico sustentable, y
queda de manifiesto que el compromiso del Gobierno Estatal con el Gobierno
Federal está orientado hacia el fortalecimiento del combate de la ilegalidad,
en el que necesariamente se requiere de la participación de todos los actores
involucrados en este ámbito.
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