El día de ayer dos sucesos evidenciaron la ausencia de operación y de
decisiones políticas que se vive en Chiapas: La toma del Congreso por
parte de pobladores de Chenalhó, que exigen la remoción de la presidenta
municipal, y, el incendio del palacio municipal en Tila, como una
exigencia de justicia por parte de miembros del Ejido de Tila, que se
encuentran en espera de una resolución de la Suprema Corte, sobre la
restitución de sus tierras que fueron expropiadas durante el gobierno de
Juan Sabines Gutiérrez, para crear el fundo legal del pueblo y los
ejidatarios han ganado el juicio en todas las instancias legales y cuya
resolución se encuentra en espera de cumplimiento desde el año 2012.
El conflicto de Chenalhó surge bajo el pretexto de un incumplimiento
en la realización de obras por parte de la presidenta municipal Rosa
Pérez. Pero la versión que la propia presidenta le informó al secretario
de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, es que el subsecretario de
gobierno de la Zona Altos tiene negocios familiares dedicados a la
construcción y este funcionario le exigió a la presidenta una cantidad
de 56 millones de pesos en obras para sus constructoras.
Ante el rechazo
de la alcalde a esta petición, el subsecretario de gobierno de la Zona
Altos provocó a la población para que tomaran el palacio municipal y
exigieran la renuncia de Rosa Pérez.
Esta versión, que conoce el secretario de gobierno, debió de haber
generado no sólo el cese del funcionario sino también el proceso de
sanción correspondiente por la vía administrativa y la penal; pero el
secretario de gobierno, en una actitud omisa, dejó de cumplir con sus
obligaciones y terminó encubriendo a su subalterno, provocando que el
conflicto de Chenalhó creciera, a punto tal, que el día de ayer se tuvo
que emplear la fuerza pública para liberar a las personas que quedaron
atrapados en el Congreso Local.
En el municipio de Tila, la presidencia municipal fue incendiada por
la ausencia de acuerdos políticos por parte de los gobiernos estatal y
municipal con las autoridades ejidales, a quienes les fueron expropiadas
parte de sus tierras, para constituir el fundo legal del municipio y
que al paso de los años se construyó allí la mayor de las viviendas y
edificios públicos de la cabecera municipal. Ante esta expropiación, las
autoridades ejidales acudieron a las instancias legales y actualmente
tienen ganada todas las instancias judiciales del juicio, pero que, por
las consecuencias de ese acto, no se le ha querido dar el cumplimiento
correspondiente.
Esto viene ocasionando una tensión social en el municipio de Tila,
que amenaza convertirse en un enfrentamiento armado, en virtud de que
los ejidatarios, adherentes de la Sexta Declaración de La Selva,
decidieron recuperar las tierras de su propiedad sobre la base de los
hechos, sin que la autoridad estatal intervenga para mediar en el
conflicto, aún y cuando la ciudad vive en condiciones de sitio.
Este problema se agudizó, cuando la presidenta municipal de Tila
solicita licencia definitiva del cargo y el Congreso designó al síndico
municipal como el nuevo presidente del municipio, lo que redujo los
márgenes de legitimidad y gobernabilidad.
La situación social en Chiapas es apremiante y el escenario de
violencia amenaza expandirse a varios puntos del territorio, ante la
ausencia lamentable de un secretario de gobierno en la entidad. Vía Editorial Contra Poder
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